Por José Luis Perera
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SEXTA PARTE -
SEGUNDA
CARTA A LOS SOCIALISTAS
En
la segunda carta a los socialistas (año 1956), el PCU decía:
“Cuando
tantas ilusiones quiebran en las masas por la conducta de las clases
dominantes, la actuación concertada de comunistas y socialistas
aglutinará a todos los sectores patrióticos con la vista puesta en
las transformaciones democráticas, antiimperialistas y antifeudales,
que las relaciones económico-sociales del país reclaman”.
Sin
embargo, vemos –lamentablemente- en lo que han quedado las
“transformaciones antiimperialistas” y antifeudales, cuando hemos
tenido que asistir a la actuación de un presidente (casualmente
perteneciente al Partido Socialista en ese momento), que firmó un
Tratado de Protección de Inversiones con ese imperialismo; que buscó
por todos los medios firmar un TLC, que envió tropas a Haití a
hacerle el trabajo sucio al imperialismo, y que puso la frutilla de
la torta arrodillándose ante el imperio para pedir al mayor genocida
de la historia de los EEUU que asustara a nuestros hermanos
argentinos. Pero que además volvió a ser promovido fervientemente
como candidato para las siguientes elecciones, hasta por el propio
Partido Comunista.
No
quiero abundar en estas cuestiones, que se repiten a lo largo de la
historia del PCU, y que tienen que ver con su concepción de una
lucha frontal contra los problemas centrales de nuestro país: el
imperialismo, el latifundio y el gran capital. Pero es bueno por
ejemplo citar a Arismendi en el Informe al XVII Congreso:
“La
persistencia de la opresión nacional y de tareas económico-sociales
de la revolución democrático-burguesa en el aspecto agrario,
definen el doble carácter de la revolución y de las fuerzas que se
le alinean. b) Partiendo de estos datos objetivos, concentra el fuego
contra el imperialismo norteamericano, principal opresor del país y
de América Latina y organizador de la guerra y la reacción en
escala internacional, y contra los grandes terratenientes y grandes
capitalistas antinacionales. Los objetivos de la revolución
consisten primero, en la liberación económica total del país de la
dominación imperialista; se asegura así una base sólida para una
política consecuente de paz e independencia. De este modo, liquida a
la vez, toda forma de subyugamiento a los monopolios
imperialistas, particularmente norteamericanos y el conjunto de
pactos y medidas políticas y militares que comprometen la República
a la política bélica norteamericana. Los objetivos
antiimperialistas (nacionales), de la revolución se entrelazan con
sus objetivos agrarios y antifeudales (democráticos): efectuar una
reforma agraria radical que concluya con la propiedad latifundista de
la tierra y los resabios semifeudales. Ello impulsará el amplio
desarrollo de las fuerzas productivas, el desenvolvimiento de la
industria, la ganadería y la agricultura, y cambiará las
condiciones de atraso social, miseria y sufrimiento que afecta a las
grandes masas de la población”.
Más
de 50 años después, y además de lo ya dicho respecto del
imperialismo, del gran capital y el latifundio, el gobierno que
integra el PCU tiene en manos un proyecto (aún no descartado) de
acuerdo de defensa con el imperialismo yanqui, lo que deja por el
camino además el objetivo de liquidar el conjunto de pactos y
medidas políticas y militares que comprometen la República a la
política bélica norteamericana.
UNA
CONTRAREFORMA AGRARIA
Medio
siglo después, ahora codo con codo, no solamente con los
socialistas, sino con aquellos que empuñaron las armas al grito de
“Por la tierra y con Sendic”, el problema de la tierra se ha
profundizado con los gobiernos del Frente Amplio.
En
la última década hemos asistido a una profunda transformación de
la estructura agraria de la mano de la expansión e intensificación
de las relaciones capitalistas en el campo, con el protagonismo de
empresas regionales y transnacionales financiadas por el capital
financiero. Estamos asistiendo a la consolidación del agronegocio en
rubros como la soja, el trigo, la forestación, la ganadería y el
arroz, todos rubros orientados a la exportación.
En
el caso de la forestación, hemos llegado a un escenario en el cual
tres empresas extranjeras controlan 650.000 hectáreas, cerca del 70%
de la superficie forestada en el país. Estas mismas empresas también
controlan la fase industrial y de comercialización: UPM (ex-Botnia)
y Montes del Plata montaron, gracias a la concesión estatal de zonas
francas libres de impuestos, mega-industrias de producción de pulpa
de celulosa.
En
el caso de la agricultura (soja y trigo fundamentalmente) 8 empresas,
7 extranjeras y una nacional, controlan 600.000 hectáreas, 50% del
área sembrada. Las principales transnacionales agrícolas están
presentes en Uruguay, en particular controlando la venta de insumos
(Monsanto, Nidera, BASF) y el acopio y comercialización de los
granos (Cargill, ADM, Bunge). Recientemente se conoció que estamos
en el 10º lugar en el mundo en cuanto a superficie destinada a la
producción de transgénicos.
La
ofensiva del capital transnacional en el sector agropecuario provocó
un intenso dinamismo en el mercado de tierras. América del Sur es
una de las zonas del planeta más codiciadas por los compradores de
tierra, lo que agudiza la concentración de la tierra en la zona del
mundo donde este recurso está peor distribuido.
Las
cifras del Censo General Agropecuario no hacen más que confirmar el
proceso: entre 2000 y 2011 los uruguayos pasaron de controlar del
90,4% al 53,9% de la superficie productiva nacional, mientras que las
personas jurídicas (sociedades anónimas en su mayoría) pasaron de
controlar 1% a un 43,1% del territorio, apropiándose de casi 7
millones de hectáreas en sólo 11 años; mientras tanto la
concentración de la tierra aumentó siendo que el 70% de los
productores más chicos controlan sólo el 10% de la superficie, al
tiempo que el 10% más grande acapara el 61% de la superficie
nacional.
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